Editorial

El mejor estándar de Responsabilidad Social es el mejor Gobierno Corporativo

Paloma del Val

P10201052

Paloma del Val, Directora Ejecutiva del Consejo Editorial Secretaria General de la FMBBVA

Leí recientemente una entrevista en la prensa latinoamericana, a un conocido director de una cadena hotelera, que despertó mi interés. A la pregunta de qué estándares de responsabilidad social aplicaba su empresa, el entrevistado contestaba con aplomo: “seguir un buen gobierno corporativo”.

Tal afirmación podría llevar a pensar que el entrevistado conocía su negocio, pero que no distinguía ambos conceptos. Sin embargo, voy a intentar explicar que dicha afirmación, lejos de demostrar cierta confusión, tiene mucho sentido para un buen gestor empresarial.

La entrevista que motiva este artículo pretende delimitar el papel de la Buena Gobernanza y el de la Responsabilidad Social en las empresas y en otro tipo de organizaciones donde el impacto regulatorio es menor (administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro…).

En sus orígenes, el Gobierno Corporativo se configuró a través de normas y códigos de recomendaciones, centrados exclusivamente en la gestión de los órganos de gobierno de las empresas, en los modelos de información y en una supervisión limitada a la protección de los accionistas.

La crisis derivada del escándalo de Enron en 2001 y, más tarde, la de Lehman Brothers en 2008, pusieron el foco del Gobierno Corporativo en la calidad de las auditorías y en el valor de las calificadoras de rating, respectivamente. Desde entonces, hemos asistido a una ingente proliferación de códigos, directrices y normas, promovidas desde todo tipo de instituciones, que continúa en los países industrializados y se extiende como una mancha de aceite a los países en desarrollo.

Esta evolución del Gobierno Corporativo ha consistido en pasar de una perspectiva centrada en la protección de los “accionistas” (shareholders) a otra orientada a proteger a los “grupos de interés” (stakeholders), bajo el prisma de la ética, la transparencia corporativa, la sostenibilidad a largo plazo y el compromiso con la sociedad.

Se evidencia que las normas de gobernanza han cedido terreno en favor de una arquitectura de relaciones con todos los actores que cooperan en la actividad de las empresas: mercados, financiadores, reguladores, empleados, proveedores, clientes, ecologistas, comunidades, etc.

El Buen Gobierno se configura mediante tres capas de relación, que van desde el exterior hacia el interior de las organizaciones. Los tres niveles son igualmente importantes, se complementan, interactúan y se influyen mutuamente. Estos son: la regulación externa y los mercados, el máximo órgano de supervisión (Consejo de Administración, Patronato u otros) y la Infraestructura de Gobierno Corporativo de la institución.

Los mercados y la regulación externa  influyen, con carácter general, en el modelo de gobierno de las organizaciones para proteger a los grupos de interés directos e indirectos. En principio, los mercados premian a las organizaciones capaces de ofrecer productos y servicios de calidad, que responden a las demandas de los clientes, y castigan a las que no lo hacen. Además, cada vez con mayor frecuencia, los clientes y otros participantes en los mercados, además de los atributos de los productos y servicios, valoran dimensiones sociales (v.g., el comercio justo) o ambientales (v.g., los productos orgánicos).

En este nivel de la regulación externa se encuentran también la Administración Pública, que emite normativa que impacta en la industria, el sector y en el tipo de organización; los Reguladores y los Supervisores, que velan por el funcionamiento eficiente y estable del mercado y por la protección de los consumidores; los regímenes legales, que demandan legalidad y justicia de las decisiones institucionales; los mercados de capital y las agencias de rating, que requieren transparencia y estimulan la competencia; y, por último, la auditoría externa, esencial para validar la calidad del desempeño (“performance”).

La segunda capa del Gobierno Corporativo corresponde al máximo órgano de supervisión.  Éste salvaguarda la orientación estratégica y su modelo de relación e impacto en las distintas unidades funcionales de la organización difiere según el carácter de las decisiones que adopta.

El conjunto de todas las unidades funcionales afectadas más directamente por las resoluciones de este órgano conforman el tercer nivel de la gobernanza, lo que denominaremos la Infraestructura de Gobierno Corporativo. Su principal función es actuar en el seno de la organización, mitigando los riesgos que genera su actividad,  mediante el establecimiento de procedimientos eficaces, la aportación de recursos y  la generación de reputación a través del desempeño  financiero y no financiero, a través del control de riesgos operativos, tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, etc.

El Gobierno Corporativo, desde la perspectiva de los “stakeholders”, requiere que se escuche al entorno y se generen compromisos que den respuesta a los cambios socioeconómicos y a las expectativas que la sociedad demanda de las organizaciones. Para ello, los máximos órganos de supervisión y la Infraestructura de Gobierno deben invertir especialmente en actividades que generen confianza y construyan capacidades distintivas, por la vía de la reputación y de la arquitectura óptima de relaciones con sus grupos de interés concurrentes.

Está cuantificado que desde 1970 hasta finales de 2010, los activos tangibles sólo explican el 20% del valor de las organizaciones, siendo el 80% restante representativo de los intangibles. Esta transformación de los fundamentos del valor explica la necesaria preocupación del Gobierno Corporativo por las cuestiones no financieras.

El Buen Gobierno debe preservar el 100% del valor de la organización. En ese 80% de intangibles se encuentran las buenas prácticas: respecto de los trabajadores (formación, diversidad de género, integración de la discapacidad, salud y bienestar), respecto de las cuestiones medioambientales (uso eficiente de recursos y reducción del desperdicio, prevención de la contaminación), respecto de su gestión (lucha contra el fraude y la corrupción), respecto de sus clientes  (transparencia), etc.

La Unión Europea, en su Libro Verde, lanzó una primera definición de la Responsabilidad Social (RS), señalando que ésta no significa simplemente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá, invirtiendo en el capital humano, en el entorno y en las relaciones con los interlocutores.

Se definía también la Responsabilidad Social como  la integración voluntaria, por parte de las empresas, de soluciones a preocupaciones sociales y medioambientales y de modelos de relación éticos con sus clientes y proveedores, etc.

Los desarrollos normativos más recientes, las recomendaciones institucionales, los mercados y, en general, los actores de la capa externa del Gobierno Corporativo, han propiciado la integración de gran parte del contenido de la RS en los procesos habituales de la gestión. Integración de unas políticas de responsabilidad que, o bien han sido impuestas por la normativa, o bien se han asumido por las organizaciones voluntariamente, para generar reputación y el mayor valor intangible posible.

Un tercer factor que ha favorecido esta integración de los modelos de RS en los objetivos estratégicos de la organización lo constituye la dificultad de encontrar métricas e indicadores que midan el impacto real de las políticas de Responsabilidad Social. Por ello, en muchos casos se ha considerado que  la forma más eficiente de capturar el valor que generan las actividades de RS es su incorporación en  las políticas  de gestión habitual.

La creciente regulación empresarial, la presión mediática en torno al compromiso empresa-sociedad, así como las demandas de los mercados y de los inversores, han  generado un statu quo que desdibuja la paternidad de muchas actividades de impacto extrafinanciero.  ¿Gobierno Corporativo o Responsabilidad Social?

Esta absorción por parte del Buen Gobierno del contenido de la RS sigue en marcha y es de prever que continúe. La aprobación el pasado 29 de septiembre, por parte del Consejo Europeo, de la Directiva sobre Información no Financiera implica un paso más en esa dirección.

La norma va a exigir que las organizaciones incluyan, en el Informe Financiero Anual o en el específico de Responsabilidad Social, las políticas que tengan implantadas en relación al impacto en el medio ambiente, las medidas adoptadas para asegurar el respeto a los Derechos Humanos, los procedimientos contra la corrupción y el cohecho, los modelos de gestión de los Recursos Humanos (diversidad de género, igualdad de oportunidades, condiciones laborales, etc.), entre otros. Además esos informes deberán explicitar herramientas e indicadores para medir su evolución.

Los reguladores, los gobiernos, los mercados y la sociedad, en general, son plenamente conscientes de que los resultados financieros no son suficientes para apoyar decisiones de inversión, otorgar reconocimiento a la marca, atraer talento y ser confiables en la generación de valor a largo plazo. La función del máximo órgano de supervisión de las instituciones se extiende, cada vez más, especialmente a orientar a la organización en su función de transformador básico de la sociedad, potenciando su importancia como estructura esencial para resolver los desafíos económicos, sociales y medio ambientales de nuestros días, así como para asegurar la regeneración del desarrollo económico inclusivo y equilibrado.

En este sentido, la Fundación BBVA para las Microfinanzas ha adoptado recientemente un modelo de gobierno moderno y común para todas las instituciones financieras en las que participa, a través de un nuevo Código de Gobierno Corporativo. Se trata de un mismo modelo de procesos de gestión y relación para todas, con el objetivo de afianzar su compromiso con la generación de impacto social inclusivo, la sostenibilidad a largo plazo y la creación de valor y reputación.

El modelo fundacional debe cumplir los más altos estándares de buen gobierno, por su exclusivo compromiso con la sociedad y con su fundador. Para las entidades sin ánimo de lucro, los resultados financieros no son prioritarios y, por ello, cobra especial importancia el impacto social de su actividad y la generación de valores intangibles. Ambos sólo son posibles mediante modelos de Gobierno Corporativo que hayan subsumido los mejores estándares de Responsabilidad Social en su seno.

Como decía en la entrevista el Director de la cadena hotelera, el mejor estándar de Responsabilidad Social es el mejor Gobierno Corporativo.