editorial

Marco de las microfinanzas en Panamá

Luis Germán Linares, gerente general de Microserfin

El pasado 30 de junio de 2017 fue publicado por el gobierno nacional de la República de Panamá el primer informe de medición del índice de pobreza multidimensional. Este informe es un buen principio para hablar del marco panameño para las microfinanzas, dado que será la base para la toma de decisiones y planteamientos de las entidades del gobierno, así como los lineamientos que desde el sector privado estamos orientados a seguir para poder desarrollar herramientas que nos lleven a generar las correctas oportunidades de desarrollo social, que nos permitan efectivamente reducir la pobreza en Panamá.

Desde nuestra óptica, reforzamos nuestro compromiso a seguir impulsando de manera eficiente las Finanzas Productivas Responsables, para reducir los índices de pobreza en Panamá

De acuerdo a la medición de la pobreza con el enfoque multidimensional, existen dos pilares que se deben tener en cuenta: la incidencia, que se relaciona con el número de personas, y la intensidad, que nos indica qué tan pobres son las personas en relación a las carencias que tienen en las diferentes variables del indicador. Siendo así que en Panamá, la incidencia es del 19,1%, lo que representa en términos absolutos 777.752 personas, mientras que la intensidad es del 43,5%; indicadores que, al ser combinados, informan que el índice de pobreza multidimensional es del 8,3%. Esto significa que aproximadamente una de cada cinco personas está en condición de pobreza en Panamá y que de estas, cerca de la mitad experimentan carencias simultáneas en la mayoría de las 17 mediciones que se hicieron.

No obstante, al comparar el indicador con el de los países de la región, resulta ser uno de los más bajos, pero esto no significa de ninguna manera que la tarea está cumplida ni que debamos dejar de atender a las personas de bajos ingresos. De hecho, hay más de 700 mil panameños que están requiriendo oportunidades de desarrollo social y que deben ser atendidos de manera constante y sostenida en el tiempo. Este número siempre será muy alto cuando hablemos de situaciones de vulnerabilidad de las personas, razón por la cual consideramos propicio hacer una revisión del marco de las microfinanzas en Panamá, a fin de validar las acciones que tenemos que adelantar para enfocarnos en el logro de los objetivos de llegar con oportunidades de acceso crediticio.

Panamá es un país que se ha dedicado estructuralmente a prestar servicios, siendo una de sus fortalezas, especialmente en materia de servicios financieros, lo cual se podría pensar que el acceso a estos recursos es relativamente fácil. Sin embargo, para las personas de la base de la pirámide económica no resulta ser tan práctico, los niveles de bancarización y el acceso a la banca ya que solo el 32% del 40% más pobre en Panamá tiene una cuenta en una institución financiera.

Esta situación ha llevado a los legisladores a establecer normas que fortalezcan las microfinanzas en Panamá, con el ánimo de facilitar el alcance a los recursos financieros a todas aquellas personas que no cuentan con oportunidades de acceso a la banca tradicional. Actualmente en el país, la actividad de microfinanzas es realizada a través de distintos tipos de empresas, entre las cuales se encuentran bancos de microfinanzas, empresas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y ONGs. Como se puede observar, este tipo de actividad se realiza sujeta por tanto a diferentes entes reguladores, lo que resulta en un marco normativo de las microfinanzas en Panamá de carácter informal.

Observando este análisis, y con el ánimo de fortalecer y formalizar ciertos aspectos del ecosistema emprendedor, el gobierno nacional aprobó cuatro leyes cuyo objetivo principal es promover el acceso al crédito y la modernización del sistema de garantías mobiliarias (a través de hipotecas sobre bienes muebles), establecer un marco normativo prudencial para las instituciones de microfinanzas, creando formas jurídicas de responsabilidad limitada, (esto facilita la operatividad de las microempresas dentro del territorio nacional) y establecer incentivos para la inclusión de las microfinanzas en el sector formal de la economía, todo esto apoyado con la regularización de la información sobre el historial crediticio de los microfinancieros.

Bajo este escenario, los bancos supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá han venido utilizando licencias que permiten la prestación de servicios financieros direccionados a las microfinanzas, si bien la operación para este tipo de entidades se ha hecho difícil principalmente por los costos asociados a la actividad microfinanciera. Como resultado, en el mercado ningún banco está operando actualmente bajo dichas licencias, buscando convertirse en bancos de licencia general, lo que pone de manifiesto la prioridad que debe darle el sector privado a fortalecer la base de las microfinanzas, hecho que resta potencia al desarrollo del sector.

Lo anterior ha causado que los servicios de microfinanzas sean brindados básicamente por entidades financieras, ONGs, cooperativas y, en el peor de los casos, por el mercado de crédito informal manejado por extranjeros, con mecanismos de cobro y tipos de interés que dejan al microempresario sin ninguna posibilidad de poder crecer desde el punto de vista económico y social.

Otros jugadores importantes que tenemos en Panamá son las entidades multilaterales como la CAF y el BID, quienes apoyan con financiación y participan en programas especiales. Es así que junto con el BID se realizó uno de nuestros productos estrella, CASAFIN, direccionado a atender personas con deficiencias en sus viviendas, que en muchos casos son su lugar de trabajo. También están los fondos de inversión especializados en microfinanzas, que son colectores de inversionistas que quieren colocar su dinero en entidades con fines sociales como es el caso de Microserfin. Entre nuestros fondeadores se encuentra GAWA Capital, Microvest, Symbiotics, LocFund, Responsability, BIB y Alterfin. Además están las agencias de desarrollo, que administran recursos de los gobiernos con fines exclusivamente sociales, como Fidemicro, Findec o el ICO, que nos ha entregado recursos de la agencia de colaboración española.

Por último, sin ser menos importantes, se cuenta con los fondos de la Banca Local con quienes tenemos relaciones comerciales no solo en materia de fondeo, sino que nos prestan servicio con el día de la operación, con la emisión de cheques y con productos del pasivo en donde colocar nuestros poco habituales excesos de liquidez.

Algunas de las entidades que mantienen en sus balances cartera de microcrédito se han organizado en un gremio conocido como REDPAMIF (Red Panameña de Microfinanzas), que busca impulsar el sector mediante la incidencia en la emisión de políticas públicas, marcos legales y regulatorios, organizando eventos de formación, realizando actividades de reclutamiento de asesores de crédito, entre otras actividades, con el objeto de tener un posicionamiento y reconocimiento en el mercado panameño destinado a las pequeños negocios.

En REDPAMIF están los principales operadores de microcrédito, diferenciándose claramente en los nichos de mercado a los cuales están dirigidos. De las nueve entidades que conforman este gremio, existen dos que utilizan la metodología de microcrédito con un préstamo promedio entorno a los $5.000 dólares. Sólo Microserfin llega a la base de la pirámide económica con créditos promedio de $1.500 dólares. La cartera de estas entidades es de $270 millones de dólares de los cuales el 13% es del sector rural y el 40% en mujeres.

De las entidades del gobierno la más representativa que lleva el liderazgo en materia de programas enfocados hacia los empresarios de bajos ingresos, es el ministerio conocido como Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, AMPYME. Este ministerio está encargado de promover la creación de empresas, consolidar las existentes y contribuir a su capacidad para generar empleos dignos y generar valor agregado a la producción del país.

Como podemos ver existe la sensación de un ecosistema para las microfinanzas, que incluso ha sido enfocado hacia el soporte del emprendimiento. Sin embargo, los resultados que se obtienen no son los mejores por cuanto se utilizan subsidios, herramientas que no necesariamente garantizan una sostenibilidad en el tiempo.

De otra parte, no hay que olvidar el entorno que envuelve el sector de las Microfinanzas. Panamá es un país que estaba acostumbrado a importantes crecimientos de su PIB; en los últimos diez años ha aumentado a un ritmo medio de 7,2%, es el mayor del mundo, con un pronóstico para final de año alrededor de un 5%, soportado en la inversión pública especialmente por la construcción de la segunda línea del Metro y el tráfico adicional que está generando la ampliación del canal.

El buen desempeño de la economía panameña tiene algunas deudas sociales en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad. Se aprecia una clara ralentización económica con la disminución de las ventas, el incremento de los costos de producción y hasta con el cierre de negocios de todos los tamaños, que terminan afectando de una manera u otra a los microempresarios. Esta situación favorece el crecimiento del nivel de financiamiento ofrecido por diferentes actores incrementando el riesgo de sobreendeudamiento.

El deterioro en la calidad de la cartera también se aprecia en las cifras del sector financiero en general. Prueba de ello es el deterioro de la cartera vencida durante el 2016 hasta la fecha, donde el indicador de mora mayor a 30 días ha pasado de 2.2% en diciembre 2015 a 3.44% en julio 2017, lo que representa un deterioro de 124 puntos básicos (p.b.) durante los últimos 18 meses que, comparado con el crecimiento de 31p.b del indicador entre junio 2014 y diciembre 2015, manifiesta un importante deterioro generalizado de la cartera de crédito en Panamá.

En conclusión, el país tiene que generar compromisos más firmes con la inclusión financiera para bajar de manera consistente los índices de pobreza. Desde nuestra óptica, reforzamos nuestro compromiso a seguir impulsando de manera eficiente las Finanzas Productivas Responsables, para reducir los índices de pobreza en Panamá.

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