Microfinanzas / Legislación y proyectos normativos

Nuevo mecanismo de segunda oportunidad para personas físicas

Ley 25/2015 de 28 de julio

La Ley, aprobada en el mes de julio, introduce un régimen de exoneración de deudas, un mecanismo de segunda oportunidad en el ámbito concursal para deudores de buena fe con cargas no satisfechas.

Ampliación del mecanismo a personas físicas

Es importante resaltar que la exoneración de deudas en un marco concursal se amplía, por primera vez en el ordenamiento jurídico español, a las personas físicas. Para estos supuestos se configura un sistema de segunda oportunidad más flexible y eficaz que se aplicará tras la finalización de un concurso por liquidación o por insuficiencia de masa.

La norma introduce una nueva alternativa de exoneración del pago para las personas físicas. Cuando el deudor no haya podido satisfacer los pagos, para beneficiarse de este mecanismo de segunda oportunidad deberá comprometerse previamente a cumplir con un plan de pagos durante los 5 años siguientes a la conclusión del concurso. Durante este período no se devengarán intereses.

Además, esta disposición amplía y flexibiliza la posibilidad de llevar a cabo acuerdos extrajudiciales y refuerza la figura del mediador concursal, que deberá ser nombrado por un notario y será el encargado de analizar la documentación correspondiente y de paralizar e impedir el inicio de ejecuciones patrimoniales.

Objeto de la Ley

El propósito fundamental de la Ley de Segunda Oportunidad es desarrollar las herramientas y configurar los mecanismos necesarios para que, sin perjudicar los intereses de los acreedores y sin favorecer a aquellos deudores de mala fe, las personas físicas que han experimentado un fracaso empresarial o personal puedan emprender nuevas iniciativas, sin quedar lastrado de por vida por una deuda que no pueden satisfacer.

De esta forma, España da respuesta a las exigencias realizadas por organismos internacionales, como el FMI o la OCDE, que solicitaban una mejor y eficaz regulación que permitiese mitigar el nivel de endeudamiento de la sociedad española.

Con motivo de la fuerte recesión socioeconómica que atraviesa el país, esta disposición podría suponer un impulso para todos aquellos emprendedores que pretendan desarrollar una actividad empresarial.