Gobierno Corporativo / Legislación y proyectos normativos

Contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Circular No.SBP-DPC-FINAN-0169-2015 de 21 de octubre de 2015

En virtud de la Ley No.23 de 27 de abril de 2015, analizada en Progreso 3, y la posterior aprobación del Acuerdo No.005-2015 de 26 de mayo de 2015, comentada en Progreso 4, referente a las medidas que las entidades financieras y otros sujetos obligados deben cumplir sobre la Política Conozca a su Cliente y/o Último Beneficiario para evitar el delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, y otros relacionados, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió las siguientes Circulares:

 Circular No.SBP-DPC-FINAN-0169-2015

Solicita a las empresas financieras la remisión de los Manuales, Programas, Políticas, Procedimientos, así como cualquier otra información utilizada para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, y sus correspondientes actualizaciones.

Las entidades financieras tienen plazo hasta el 15 de febrero de 2016 para remitir la citada información en Disco Compacto, formato PDF, al regulador bancario.

 Circular No.SBP-DPC-FINAN-0182-2015

Exige a las empresas el envío a la SBP de los Estados de Situación Financiera y de los Estados de Utilidades Integrales, de 2014 y 2015, con fecha límite el día 31 de marzo de 2016. Además, a partir del año 2016, las empresas financieras deberán remitir sus Estados Financieros internos de forma trimestral, y los Estados Financieros auditados de forma anual.

Es importante destacar que las empresas financieras seguirán obligadas a remitir a su regulador, la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, los Estados Financieros auditados por un contador público autorizado, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal.

 Una mayor supervisión

Estas iniciativas suponen uno de los primeros pasos de migración a una supervisión bancaria más rigurosa, lo que supone un gran reto para las entidades financieras en Panamá, que deberán adecuar y/o actualizar sus controles internos y procedimientos.

 

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