Legislación y proyectos normativos - Perú

Plan Nacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT)

Por Holbert Ledesma, Cumplimiento GRLAFT - Financiera Confianza

Antecedentes

En el año 2011 fue elaborado y aprobado el Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, de manera participativa entre 21 instituciones del Estado y 21 entidades del sector privado; un esfuerzo interinstitucional liderado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) con la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (en adelante, FMI).

Este plan tuvo como base el análisis de las principales amenazas y vulnerabilidades que en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, LA/FT), en ese entonces enfrentaba el Perú, lo que permitió que este instrumento aborde dichas vulnerabilidades (entre estructurales y funciones), con el fin de mitigar el riesgo de LA/FT. La definición de objetivos y acciones se basó en las vulnerabilidades funcionales identificadas para cada uno de los componentes constitutivos: prevención, detección y represión penal.

Marco de desarrollo

El presente Plan Nacional 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, sigue el camino iniciado en 2011 y se configura como un elemento de planificación a corto y mediano plazo que, se desarrolla dentro de los alcances de la primera Política Nacional en la materia, cuya propuesta fue aprobada por la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (en adelante, CONTRALAFT) y por el poder ejecutivo en el año 2017.

El Plan Nacional sirve como instrumento para la implementación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Sobre el marco de la Política Nacional que fuera aprobada por la CONTRALAFT en marzo del 2017, la cual se sustenta, principalmente, en la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (2016), se inició un proceso participativo para la elaboración del presente Plan Nacional, a fin de definir en un escenario temporal, objetivos específicos, acciones concretas, responsables de su implementación e indicadores de medición, teniendo en consideración además aquellas acciones del Plan Nacional vigente pendientes de implementación y que conforme al nuevo escenario de riesgos detectados, aún eran necesario abordar.

Proceso participativo para la elaboración

El Plan Nacional es producto de un proceso participativo en el que han intervenido diversas entidades públicas. La metodología seguida en el proceso de elaboración del Plan Nacional, se basa en tres aspectos fundamentales:

  • Los objetivos específicos y los lineamientos de la Política Nacional.
  • Las conclusiones y recomendaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT (2016) y las Evaluaciones Sectoriales de Exposición a los Riesgos de LA/FT de los sectores minero y pesquero (2016); y
  • La participación activa de los organismos públicos que desempeñan un rol fundamental en la prevención, detección, investigación y sanción del LA/FT en el país (miembros o no de la CONTRALAFT) en todas las etapas de su elaboración.

Las etapas a través de las cuales se ha elaborado el Plan Nacional han sido las siguientes:

  • Etapa I: Conformación de grupos de trabajo. Configurada como la principal vía de participación, mediante 21 entidades del Estado se han instrumentado las aportaciones y los debates que han llevado a la redacción definitiva del Plan Nacional. Su distribución se da en tres grupos de trabajo:

o   Grupo de Trabajo de Prevención

o   Grupo de Trabajo de Detección de Investigación

o   Grupo de Trabajo de Enjuiciamiento y Represión Penal

  • Etapa II: Cumplimiento de matrices. Entre los integrantes de los Grupos de Trabajo se distribuyó las “Matrices para la obtención de la Información”, con la finalidad de identificar acciones concretas para mitigar los riesgos identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos. Cada uno de los miembros de los 3 Grupos de Trabajo completaron y remitieron las matrices, las mismas que contenían la siguiente información: descripción de las acciones específicas que consideraban desarrollar; los motivos para su ejecución, donde se detallaron las razones por las que se propone la acción.
  • Etapa III: Reuniones grupales y bilaterales. Se llevaron a cabo 19 reuniones grupales donde se socializaron lo remitido mediante las “Matrices para la obtención de la Información” y se propusieron indicadores para cada una de las acciones propuestas, recibiéndose valiosos aportes y comentarios. En las citadas reuniones participaron un total de 22 instituciones, incluido el Grupo de cooperación internacional Alemana (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ).
  • Etapa IV: Reuniones bilaterales para obtener el compromiso político. Al ejercer la SBS la Vicepresidencia y Secretaría Técnica de la CONTRALAFT, la Superintendente de Banca, Seguros y AFPs y el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, en adelante UIF-Perú, tuvieron reuniones bilaterales con las autoridades de diferentes entidades del estado.
  • Etapa V: Validación de las acciones y determinación de costos. Se revisaron todas las acciones, con sus respectivos indicadores, en función de los comentarios remitidos por las distintas entidades participantes. Como parte de este proceso, se llevaron a cabo reuniones de trabajo y/o coordinaciones entre diferentes entidades.
  • Etapa VI: Presentación y aprobación de la propuesta final por parte de la CONTRALAFT. La propuesta del Plan Nacional presentada durante la Tercera Sesión de la CONTRALAFT, se aprobó por unanimidad; encargándose a la Presidencia y la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT realizar su trámite ante el Poder Ejecutivo para su aprobación mediante Decreto Supremo.

Objetivo general

Definir, planificar y ejecutar acciones en el escenario temporal 2018-2021, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el Perú.

Eje estratégico N° 1: Prevención. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 1 de la Política Nacional: Identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan el lavado de activos o el financiamiento de terrorismo, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Identificar los riesgos LA/FT de los sujetos obligados identificados por las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, en adelante GAFI. Su principal acción es potenciar la elaboración de evaluaciones sectoriales de riesgo LA/FT de los sujetos obligados identificados por las recomendaciones del GAFI.

2. Contar con un marco normativo que permita la adecuada regulación de las actividades pasibles de riesgos LA/FT y facilite la identificación del beneficiario final.

3. Fortalecer la regulación, supervisión y sanción en materia de prevención del LA/FT aplicable a los sujetos obligados financieros y no financieros. Acciones:

  • Potenciar la planificación de la supervisión anual en materia LA/FT con un enfoque basado en riesgos.
  • Definir y formalizar los canales de comunicación entre los organismos supervisores y los sujetos obligados, dirigidos a retroalimentarse de información para mejorar el grado de cumplimiento del marco preventivo en materia LA/FT.
  • Capacitar a los sujetos obligados en materia LA/FT dirigidas a mejorar su grado de cumplimiento, con especial incidencia en los de mayor riesgo.

4. Contar con los mecanismos que permitan a la UIF-PERÚ recibir reportes de operaciones sospechosas de calidad y en forma oportuna, así como retroalimentación por parte de la UIF-Perú a los sujetos obligados. Acciones:

  • Identificar los sectores con bajos, nulos o con deficiente calidad de reporte a la UIF-Perú, a fin de orientar los planes de supervisión, cuando corresponda.
  • Aprobar un nuevo formulario que facilite la comunicación de operaciones sospechosas por los sujetos obligados, que incluya un instructivo para su adecuada comprensión y aplicación.
  • Proponer e impulsar ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificaciones normativas que permitan la adecuación de los plazos de comunicación de operaciones sospechosas vinculadas con FT.
  • Proporcionar de forma permanente y periódica información a los sujetos obligados sobre las tipologías y tendencias de LA/FT que les puedan afectar.

Eje estratégico N°2: Detección. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 2 de la Política Nacional: Detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas al LA/FT, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Mejorar los mecanismos y el marco normativo que permitan garantizar el acceso oportuno de la UIF-Perú y otras autoridades competentes a información confidencial. Acciones:

  • Potenciar y desarrollar los mecanismos que permitan hacer operativo el acceso de la UIF-Perú a la información protegida por el secreto bancario y la reserva tributaria.
  • Proponer e impulsar la reforma normativa ante el Congreso de la República para lograr que la UIF-Perú comparta información de inteligencia financiera con el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

2. Controlar adecuadamente el flujo de activos ilícitos o con fines ilícitos en zonas fronterizas y a nivel nacional.

3. Facilitar la comunicación oportuna a las autoridades competentes de las actividades vinculadas al LA/FT, salvaguardando la confidencialidad de la información transmitida. Su principal acción es elaborar protocolos y canales de comunicación segura para la remisión de información confidencial de la UIF-Perú al MP y a otras autoridades competentes.

Eje estratégico N° 3: Investigación y sanción. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico N° 3 de la Política Nacional: Investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT, cometidos a nivel nacional o internacional, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Optimizar el trabajo de las autoridades de investigación y sanción penal competentes para conocer los casos LA/FT. Acciones:

  • Fortalecer la estructura organizacional y de gestión del capital humano LA/FT de la Policía Nacional del Perú en adelante PNP, mediante la especialización de sus efectivos.
  • Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas de LA/FT a nivel nacional.
  • Fortalecer la gestión de capital humano del Poder Judicial en adelante PJ, considerando su especialización en materia LA/FT y mejorando condiciones de seguridad y capacitación.
  • Aprobar un instrumento conjunto entre el MP y el PJ que permita remitir a los órganos jurisdiccionales los documentos sustentatorios de los requerimientos fiscales en formato digital.
  • Reordenar la estructura organizativa del PJ y del MP para que, en función de la carga procesal soportada, se creen juzgados o fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio, o convertir las existentes para destinarlas a conocer de manera exclusiva el ilícito de lavado de activos y pérdida de dominio.
  • Poner en vigencia a nivel nacional del Nuevo Código Procesal Penal para los casos de LA/FT

2. Garantizar la recuperación de activos. Acciones:

  • Agilizar el proceso de inscripción de las medidas de incautación y decomiso en los registros públicos como resultado de procesos LA/FT, considerando la posibilidad de usar medios tecnológicos.
  • Fortalecer los medios tecnológicos y la estructura organizacional y de gestión de capital humano de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio (en adelante, PLAPD) y la Procuraduría Especializada en delitos de Terrorismo (en adelante, PEDET), considerando el aumento de la dotación del personal, reduciendo su rotación, incrementando su capacitación.
  • Asignar a la PLAPD la competencia para conocer todos los casos de lavado de activos, independientemente del tipo de delito precedente que genere los rendimientos ilícitos, asegurando la dotación de personal y presupuestaria y las condiciones de seguridad necesarias para el cumplimiento de esta función.

3. Procurar una adecuada administración, ejecución y distribución de la reparación civil y de los activos recuperados. Acciones:

  • Proponer e impulsar ante el Congreso de la República la modificación del Decreto Legislativo N° 1104 y su desarrollo reglamentario, para optimizar la aplicación de la pérdida de dominio, así como para mejorar la administración y distribución de los activos incautados, decomisados y los declarados en pérdida de dominio.
  • Aprobación de Decreto Supremo que regule la reparación civil, a fin de asegurar su distribución entre las distintas autoridades competentes.

4. Optimizar la cooperación internacional frente al LA/FT para potenciar el trabajo en los ámbitos policial, fiscal y judicial. Acciones:

  • Fortalecer la participación del MP en las redes regionales de fiscalías para mejorar la cooperación jurídica internacional en materia LA/FT.
  • Potenciar mecanismos flexibles de cooperación internacional entre la PNP y sus homólogos de otros países en materia LA/FT.
  • Elaborar estudios o diagnósticos sobre el fenómeno criminal del LA/FT en el país.

Eje estratégico N° 4: Transversal: Articulación. Los objetivos específicos y acciones contenidos en este Eje se enmarcan dentro del Objetivo Específico Nº 4 de la Política Nacional: Fortalecer la participación activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra el LA/FT, sus lineamientos y estándares de obligatorio cumplimiento. Objetivos específicos:

1. Potenciar la coordinación entre las diversas comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales vinculados al LA/FT y las entidades competentes en dichas materias. Su principal acción es identificar las comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales cuyas competencias estén relacionadas al ámbito del LA/FT y gestionar la participación en éstas de la Presidencia de la CONTRALAFT o sus miembros.

2. Mejorar el intercambio de información confiable, oportuna y segura en materia de LA/FT entre las autoridades públicas competentes y el trabajo conjunto entre éstas. Acciones:

  • Impulsar la creación de los mecanismos seguros para intercambiar información confiable entre los organismos de prevención, detección e investigación y sanción en materia LA/FT.
  • Suscribir convenios interinstitucionales entre organismos con funciones de supervisión prudencial de sujetos obligados y los competentes en prevención del LA/FT para el intercambio de información.
  • Generar espacios de diálogo entre los organismos supervisores LA/FT y las asociaciones gremiales de sujetos obligados, así como potenciar los ya existentes.
  • Aprobar e implementar protocolos de actuación conjunta entre el MP y el PJ para el fortalecimiento del proceso penal de LA/FT Constituir Grupos de Trabajo integrados por UIF Perú, PNP y MP para la detección e investigación de casos complejos de LA/FT.

3. Fomentar una cultura de legalidad que genere el rechazo de los actos vinculados al LA/FT por parte de la ciudadanía. Acciones:

  • Promover la cultura de la prevención LA/FT entre los sujetos obligados y ejecución de acciones de concientización y apoyo.
  • Diseñar y ejecutar campañas de difusión y divulgación pública orientada a la prevención LA/FT
  • Difundir entre la población los canales de denuncia ya implementados a los que puede acudir para poner en conocimiento de las autoridades posibles actos vinculados al LA/FT.
  • Implementar un mecanismo que permita a la ciudadanía comunicar a la UIF-Perú hechos presuntamente vinculados al LA/FT, guardando la debida confidencialidad.

4. Potenciar la actuación de los organismos públicos competentes en la prevención y lucha contra el LA/FT. Acciones:

  • Realizar un estudio para identificar debilidades en las capacidades (formativas y operativas) de los actores involucrados.
  • Definir medidas articuladas, sobre la base de los resultados del estudio realizado, para mitigar las debilidades identificadas.
  • Implementar y poner en funcionamiento el Módulo de Información Estadística sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la plataforma del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática.

5. Proponer y/o impulsar la actualización permanente de la normativa nacional a los instrumentos y/o estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el LA/FT. Acciones:

  • Ejecutar el seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales, como consecuencia de los resultados del Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT.
  • Establecer un mecanismo de diálogo entre la SBS y los organismos involucrados para impulsar la implementación de los cambios que se detecten producto del seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales.

Seguimiento y monitoreo

La CONTRALAFT es competente para: “Realizar actividades destinadas al seguimiento o de la implementación de la Política y el Plan Nacional contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

Dentro de este marco, el presente Plan Nacional específica por cada acción la entidad (es) y unidad (es) responsable (s), encargadas de realizar su seguimiento y medir el cumplimiento de los indicadores, a fin de garantizar un adecuado seguimiento.

A partir de la información que remita cada entidad responsable y, considerando que las metas previstas en el Plan Nacional se han fijado por año, la CONTRALAFT emitirá anualmente informes técnicos sobre los avances en la implementación del Plan Nacional. En base a los resultados de estos informes, y otros diagnósticos, le corresponderá proponer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en adelante MINJUS, la actualización del presente Plan Nacional.